En el Marco del Encuentro Nacional "Tejiendo alianzas para el cambio"

MUJERES AUTORIDADES LOCALES DEL PAIS SE PRONUNCIAN SOBRE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Es imperioso lograr procesos que permitan construir y ejecutar políticas y estrategias bajo una mirada de corresponsabilidad y correspondencia entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, que promuevan desde la concertación, coordinación y amplia particip4ación ciudadana

Durante las jornadas desarrolladas en Quito, en el Encuentro Nacional de Mujeres autoridades locales, las alcaldesas, vicealcaldesas y concejalas del país, definieron su postura sobre la Asamblea Constituyente, para lo cual puntualizaron se acordaron algunos puntos:

MODELO DE ESTADO

I. TERRITORIALIZACIÓN Y DISTRIBUCION DE RECURSOS.-

Es urgente la definición en torno a la territorialización y la distribución equitativa de los recursos del Estado, no sólo atendiendo al territorio geográfico sino en razón de las diversidades étnicas, generacionales, sectoriales, y especialmente, priorizando la inversión social con perspectiva de género.

II. CONFLICTOS REGIONALES: DESCENTRALIZACION, ETICA POLITICA Y PARTICIPACION CIUDADANA.-

Debido a la exclusión de las identidades locales de las decisiones claves que afectan sus vidas y al desconocimiento de la especificidad de sus demandas por parte del estado-central se propone incluir de forma efectiva a todos los sectores desde una perspectiva de equidad de género, fortaleciendo los procesos de descentralización, transferencia de competencias, recursos y mecanismos que aseguren la vigencia de los derechos humanos y la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres.

ESTADO – ESTADO LOCAL DE DERECHO

III. MUJERES POLITICAS, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA.-

"…Exigimos una perspectiva integral para la comprensión, tratamiento y atención de nuestras demandas en tanto son base fundamental para el ejercicio de nuestros derechos humanos y estos el sustento de una democracia participativa". Es necesario concertar entre las mujeres autoridades del gobierno central y gobiernos locales, a fin de asegurar que los cambios y/o reformas constitucionales tengan viabilidad, a través de la creación de mecanismos y adopción de medidas legislativas que permitan asegurar el desarrollo y adelanto de las mujeres de todas las edades, a través del ejercicio pleno de sus derechos políticos y económicos; sociales y culturales.

IV. INVERSION SOCIAL CON EQUIDAD.-

Las mujeres políticas mantenemos con firmeza nuestras acciones para lograr la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, entendiendo con ello la necesidad de concertar con el gobierno central y los poderes locales la plena vigencia y ejecución de los programas, planes y sistemas que para el efecto han sido o están siendo diseñados: Una nueva Constitución debe profundizar el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y concretar marcos legales y mecanismos para asegurar que desde los gobiernos locales se garantice el pleno ejercicio de estos derechos.

VI. PARIDAD POLITICA – CAMBIO DEL SISTEMA POLITICO.-

Buscamos una práctica social que incluya a mujeres y hombres por igual en la vida privada y pública, en la vida personal y política así como también, buscamos superar los obstáculos que los pactos políticos- patriarcales han erigido para excluir a las mujeres de la vida política. Se deben emprender cambios en el sistema político, y en ello, la necesidad de reestructurar las instancias de participación política centralizada hasta ahora en los partidos políticos. Es fundamental la eliminación de todas las formas de discriminación de género, étnicas, generacionales, por opción sexual, de procedencia u origen.

Exigimos una reforma del sistema de político que permita la articulación de corrientes ideológicas que garanticen una mejor representación y coherencia con la realidad nacional, regional y local. Demandamos la absoluta independencia de los organismos electorales y de control con respecto a los intereses partidistas. La reestructuración de las tres funciones del estado con total independencia entre ellas, el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y control social, prevaleciendo el interés local y nacional por sobre los intereses particulares o de las cúpulas partidistas y/o económicas.

MODELO ECONÓMICO

VII. FEMINIZACION DE LA POBREZA.-

La globalización no distribuye de forma equitativa sus costos y beneficios y esto repercute en agravar la feminización de la pobreza dentro y fuera de las fronteras nacionales. Se deberá aportar a la implementación de estrategias que permitan garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a recursos financieros y no financieros para las mujeres ecuatorianas que están en el país y aquellas que viven en el extranjero.

VIII. CAMBIO DEL MODELO ECONOMICO Y SUPERACION EXCLUSIONES.-

Es urgente definir el tipo de país que queremos y cómo se piensa el desarrollo desde una perspectiva humana y de respeto a la naturaleza. Todos los planes nacionales que involucren estrategias para desarrollar la capacidad productiva y comercial a nivel local, nacional y/o que se liguen a negociaciones a nivel de región, deberán incluir perspectivas de equidad e igualdad, la consulta a las poblaciones potencialmente afectadas, y una valoración permanente de los impactos sociales y ambientales.

IX. AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES – RECONOCIMIENTO TRABAJO DOMÉSTICO Y PRODUCTIVO NO REMUNERADO.-

La Asamblea deberá incorporar disposiciones que aseguren la implementación de políticas que promuevan la creación de empleos, la adopción de medidas afirmativas que aseguren la igualdad de condiciones en el mercado laboral de hombres y mujeres, que estimulen la capacidad emprendedora de las mujeres; que aseguren la del pleno respeto de los derechos laborales e individuales y el acceso equitativo a los beneficios de la protección social. Conjuntamente, gobierno central y gobiernos locales deben promover y fortalecer medidas de acción afirmativa que favorezcan el acceso a recursos y el empoderamiento de las habitantes de las áreas rurales, las indígenas, las afrodescendientes, las jóvenes y las mujeres de tercera edad. Para las mujeres es vital el reconocimiento del valor económico y la protección social del trabajo doméstico y productivo no remunerado, y generar políticas de defensa para las mujeres que trabajan en el sector informal, en especial aquellas que suplen al estado en el cuidado de niñez, personas adultas mayores y discapacitadas. Las políticas deben también dirigirse a crear mecanismos para acordar los procesos de la vida familiar y la vida laboral, y que involucren a mujeres y hombres por igual.

X. MUJERES Y DEFENSA DE LA VIDA

El Estado debe garantizar equidad en el tratamiento de las personas refugiadas en nuestro territorio por efectos del Plan Colombia, y dar prioridad en el desarrollo de programas económicos y sociales en aquellos poderes locales que dan acogida y atención a esta población. Fortalecer desde los gobiernos locales políticas públicas ambientales y procesos de gestión dirigidos a mujeres que habitan en localidades con alto riesgo ambiental; asegurar la provisión y gestión de las fuentes de agua con la inclusión de las organizaciones locales de mujeres en torno a las decisiones de manejo, administración, uso y control de las fuentes y la provisión de agua segura. Reconocer la especificidad y generar leyes y mecanismos de defensa de los derechos de las mujeres indígenas y la soberanía sobre sus territorios diversos, así como el agua, suelo, biodiversidad, oxígeno. Siendo las mujeres directamente perjudicadas por el injusto reparto de la renta petrolera, es vital desde los gobiernos locales vigilar la observancia de los derechos de las mujeres indígenas en cuanto son garantes culturales privilegiadas en el mantenimiento de la biodiversidad.

Mayor información: Mayra Godoy y/o Cecilia Loayza: 2252569, 2469704; www.amume.org