LA ASOCIACIÓN DE MUJERES MUNICIPALISTAS DEL ECUADOR FRENTE A LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Uno de los objetivos prioritarios de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador es lograr que las mujeres autoridades locales consoliden y utilicen su poder para transformar positivamente la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país, aportando en la implementación de políticas públicas que permitan construir una sociedad igualitaria, en pleno ejercicio y goce de derechos. En este esfuerzo, las políticas públicas de género son de central interés.

Frente a la Asamblea Nacional Constituyente es imperioso lograr procesos que permitan construir y ejecutar políticas y estrategias bajo una mirada de corresponsabilidad y correspondencia entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, que promuevan desde la concertación, coordinación y amplia participación ciudadana una sociedad con equidad y justicia social.

Con esta finalidad, el proceso de análisis sobre la realidad nacional que desde AMUME se ha desarrollado permite ubicar tres temas centrales que aportarán en la construcción de esa sociedad que soñamos y que ahora demandamos sean posicionados con miras a "nuestra" Asamblea Constituyente y más allá.

MODELO DE ESTADOI. TERRITORIALIZACIÓN Y DISTRIBUCION DE RECURSOS

Es urgente la definición en torno a la territorialización y la distribución equitativa de los recursos del Estado, no sólo atendiendo al territorio geográfico sino en razón de las diversidades étnicas, generacionales, sectoriales, y especialmente, priorizando la inversión social con perspectiva de género. El problema de la capacidad y los recursos materiales que tiene o no tiene el Estado para solventar su relación con las sociedades locales supone:

Ø Una nueva distribución de los recursos fiscales: fórmulas distributivas territorializadas, posibilidad de autogestión de los impuestos, presupuestos participativos, etc.

Ø Debatir visiones y mecanismos que impulsen la descentralización como oportunidad de vincular regiones específicas del país en el circuito de fortalecimiento del mercado interno y en relación con procesos de globalización del mercado -zonas francas, enclaves, o ‘tecnopolos’-.

II. CONFLICTOS REGIONALES: DESCENTRALIZACION Y ETICA POLITICA Y PARTICIPACION CIUDADANA

Debido a la exclusión de las identidades locales de las decisiones claves que afectan sus vidas y al desconocimiento de la especificidad de sus demandas por parte del estado-central, se han originado conflictos regionales que a su vez han sido motor de la movilización de las ciudadanías regionales para presionar por proyectos particulares frente al Estado y la sociedad nacional.

En este contexto las mujeres en poderes locales, desde una opción ética y política proponen: incluir de forma efectiva a todos los sectores desde una perspectiva de equidad de género, fortaleciendo los procesos de descentralizaciòn, la transferencia de competencias y recursos y mecanismos que aseguren la vigencia de los derechos humanos. Y, en ellos de manera prioritaria, la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres.

Desde esta opción ético - política será factible que los procesos participativos de construcción de los presupuestos locales tengan resultados profundos en la intención de construir ciudadanías activas y resolver el divorcio entre la sociedad civil y el sistema político.

ESTADO – ESTADO LOCAL DE DERECHO

III. MUJERES POLITICAS, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA

Para la AMUME es central dar cauce a las demandas de democratización de la sociedad ecuatoriana, hasta ahora represadas. Una expresión política de esas demandas es la pérdida de confianza en los actores políticos como representantes de los intereses diversos y sus legítimas demandas.

La necesidad de ampliar el poder de decisión de la ciudadanía tiene, desde la perspectiva de las mujeres autoridades locales, sustento en la construcción de una ética de la inclusión y la identificación, como prioridad de acción política, de la erradicación de todas las formas de discriminación.

Por ello las mujeres aprendimos en la práctica que aquello de la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos es aun un proceso por exigir y construir en nuestras sociedades. No creemos en este sistema que se atribuye la función de jerarquizar nuestras demandas y necesidades para luego diseccionarlas y meterlas en compartimentos estanco del sistema político y jurídico. Las mujeres, desde una gestión municipal ética y responsable que se afirma en la participación ciudadana, exigimos una perspectiva integral para la comprensión, tratamiento y atención de nuestras demandas en tanto son base fundamental para el ejercicio de nuestros derechos humanos y estos el sustento de una democracia participativa.

Es fundamental hacer esfuerzos por concertar entre las mujeres autoridades del gobierno central y gobiernos locales, para asegurar que los cambios y/o reformas constitucionales tengan viabilidad, a través de la creación de mecanismos y adopción de medidas legislativas que permitan asegurar el desarrollo y adelanto de las mujeres de todas las edades, a través del ejercicio pleno de sus derechos políticos y económicos, sociales y culturales.

IV. INVERSION SOCIAL CON EQUIDAD

Nuestra perspectiva de constituir estados locales de derecho supone atender a la inversión social con equidad y el cumplimiento suficiente y oportuno en la entrega de recursos para la ejecución de políticas sociales, especialmente los relacionados con la implementación del Sistema Nacional Descentralizado de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, previstos en el Código de la Niñez la Adolescencia, Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, Ley el Anciano y educación de calidad. Los mismos que deben ser transferidos a los gobiernos locales para cumplir el rol de garantes de derechos humanos de estos grupos sociales.

V. VIOLENCIAS DE GÉNERO – DERECHOS SEXUALES / DERECHOS REPRODUCTIVOS

Las mujeres políticas mantenemos con firmeza nuestras acciones para lograr la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, entendiendo con ello la necesidad de concertar con el gobierno central y los poderes locales la plena vigencia y ejecución de los programas, planes y sistemas que para el efecto han sido o están siendo diseñados: ♀ Programa Nacional de Erradicación de Violencias de Género;♀ Plan de Igualdad de Oportunidades;♀ Plan Nacional de Erradicación de Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo;♀ Plan Nacional para combatir la Trata de Personas, Tráfico Ilegal de Migrantes, Explotación sexual, Laboral, y otros modos de Explotación y Prostitución

de Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, Pornografía Infantil y Corrupción de Menores;♀ Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia;♀ Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a Niñez y Adolescencia

La AMUME ha mantenido y exige una sólida defensa en torno al uso responsable de la PAE y su función de disminuir las causas de muerte materna prevenible, en el marco de una defensa irrestricta del derecho a la vida y a la autonomía de nuestros cuerpos. Una nueva Constitución debe profundizar el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y concretar marcos legales y mecanismos para asegurar que desde los gobiernos locales se garantice el pleno ejercicio de estos derechos.

VI. PARIDAD POLITICA – CAMBIO DEL SISTEMA POLITICO

Buscamos desde las mujeres autoridades locales una práctica social que incluya a mujeres y hombres por igual en la vida privada y pública, en la vida personal y política. Dentro de ello, buscamos superar los obstáculos que los pactos políticos- patriarcales han erigido para excluir a las mujeres de la vida política.

La ciudadanización de las mujeres ha tenido como condición la plena igualdad en la participación electoral y por ello han sido muchas las acciones desplegadas para denunciar el incumplimiento de la Ley de Cuotas y los criterios de proporcionalidad, alternancia y secuencia reconocidos por ley. La paridad política es la garantía de la gobernabilidad democrática, es el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos del cincuenta por ciento de la población del país.

Creemos fundamental emprender cambios en el sistema político, y en ello, la necesidad de reestructurar las instancias de participación política centralizada hasta ahora en los partidos políticos. Es fundamental propiciar su democratización interna, mejorar la calidad y mecanismos de representación garantizando la participación activa de las mujeres, por tanto la eliminación de todas las formas de discriminación de género, étnicas, generacionales, por opción sexual, de procedencia u origen.

Exigimos una reforma del sistema de político que permita la articulación de corrientes ideológicas que garanticen una mejor representación y coherencia con la realidad nacional, regional y local.

Demandamos la absoluta independencia de los organismos electorales y de control con respecto a los intereses partidistas. La reestructuración de las tres funciones del estado con total independencia entre ellas, el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y control social, prevaleciendo el interés local y nacional por sobre los intereses particulares o de las cúpulas partidistas y/o económicas.

MODELO ECONÓMICO

VII. FEMINIZACION DE LA POBREZA

La globalización del modelo económico ha incrementado la exclusión a niveles inmanejables, subordinando y coartando la acción política y el ejercicio de derechos en especial de quienes viven la pobreza y, la exclusión de manera más aguda, de la mayoría de mujeres en el mundo. La globalización no distribuye de forma equitativa sus costos y beneficios y esto repercute en agravar la feminización de la pobreza dentro y fuera de las fronteras nacionales.

En nuestros países, promulgar el retiro del Estado de los ámbitos de intervención que permiten decidir sobre las condiciones suficientes (subjetivas y objetivas) para el bienestar de las poblaciones, significa anular su rol y responsabilidad en tanto garante del ejercicio pleno de los derechos humanos.

No se ha globalizado en términos de justicia y equidad el derecho al libre tránsito de las personas por razones de exclusión económica. Pese al esfuerzo realizado por las personas que se quedan y de aquellas que salen del país en busca de alcanzar aquello que las políticas de ajuste estructural, apertura comercial y pago de servicio de la deuda externa nunca alcanzaron, los gobiernos nacionales han sido incapaces de dar una respuesta equitativa y respetuosa de sus derechos humanos.

Se deberá aportar a la implementación de estrategias que permitan garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a recursos financieros y no financieros para las mujeres ecuatorianas que están en el país y aquellas que viven en el extranjero. Esto supone impulsar nuevas visiones en torno a cómo eliminar las pobrezas y dar prioridad a programas y planes en aquellos poderes locales ubicados en regiones afectadas por fenómenos como el flujo de refugiadas, población afectada por fenómenos naturales, población en extrema pobreza por su ubicación en regiones de explotación de recursos naturales, etc.

VIII. CAMBIO DEL MODELO ECONOMICO Y SUPERACION EXCLUSIONES

Las estructuras sociales existentes se han sostenido en formas de gobierno excluyentes, manejo de las políticas públicas asistencialistas y en la no independencia de la justicia y de instancias de control. Un modelo y estructura que en Ecuador ha protegido intereses de los grupos dominantes y privilegiados de la sociedad.

El cambio del modelo económico se basa en la redistribución equitativa de los recursos del estado, tanto en el aspecto territorial, de género y generacional y, en torno a las especificidades de pueblos y nacionalidades. Es urgente definir el tipo de país que queremos y cómo se piensa el desarrollo desde una perspectiva humana y de respeto a la naturaleza.

Por tanto todos los planes nacionales que involucren estrategias para desarrollar la capacidad productiva y comercial a nivel local, nacional y/o que se liguen a negociaciones a nivel de región, deberán incluir perspectivas de equidad e igualdad, la consulta a las poblaciones potencialmente afectadas, y una valoración permanente de los impactos sociales y ambientales.

IX. AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES – RECONOCIMIENTO

TRABAJO DOMÉSTICO Y PRODUCTIVO NO REMUNERADO

La Asamblea deberá incorporar disposiciones que aseguren la implementación de políticas que promuevan la creación de empleos, la adopción de medidas afirmativas que aseguren la igualdad de condiciones en el mercado laboral de hombres y mujeres, que estimulen la capacidad emprendedora de las mujeres; que aseguren la el pleno respeto de los derechos laborales e individuales y el acceso equitativo a los beneficios de la protección social.

Conjuntamente gobierno central y gobiernos locales deben promover y fortalecer medidas de acción afirmativa que favorezcan el acceso a recursos y el empoderamiento de las habitantes de las áreas rurales, las indígenas, las afrodescendientes, las jóvenes y las mujeres de tercera edad.

Para las mujeres es vital el reconocimiento del valor económico y la protección social del trabajo doméstico y productivo no remunerado, y generar políticas de defensa para las mujeres que trabajan en el sector informal, en especial aquellas que suplen al estado en el cuidado de niñez, personas adultas mayores y discapacitadas. Las políticas deben también dirigirse a crear mecanismos para acordar los procesos de la vida familiar y la vida laboral, y que involucren a mujeres y hombres por igual.

X. MUJERES Y DEFENSA DE LA VIDA

La defensa a la vida es imposible de ser concebida en medio de presiones externas que buscan inmiscuirnos en el conflicto interno colombiano, del cual no somos parte y sobre el cual no tenemos responsabilidad. El Estado debe garantizar equidad en el tratamiento de las personas refugiadas en nuestro territorio por efectos del Plan Colombia, y dar prioridad en el desarrollo de programas económicos y sociales en aquellos poderes locales que dan acogida y atención a esta población.

En otro nivel de defensa de la vida, se buscará reconocer y potenciar el rol de las mujeres en la dirección de programas locales, pues tienen un rol preponderante en la protección y conservación de ecosistemas, que supone intervenir en procesos de reforestación, defensa de soberanía sobre manejo de saberes y recursos del medio, soberanía alimentaria y priorización del abastecimiento del mercado interno en términos de rentabilidad, seguridad y defensa de derechos del consumidor.

Fortalecer desde los gobiernos locales políticas públicas ambientales y procesos de gestión dirigidos a mujeres que habitan en localidades con alto riesgo ambiental. Asegurar la provisión y gestión de las fuentes de agua con la inclusión de las organizaciones locales de mujeres en torno a las decisiones de manejo, administración, uso y control de las fuentes y la provisión de agua segura.

Reconocer la especificidad y generar leyes y mecanismos de defensa de los derechos de las mujeres indígenas y la soberanía sobre sus territorios diversos, así como el agua, suelo, biodiversidad, oxígeno. Siendo las mujeres directamente perjudicadas por el injusto reparto de la renta petrolera, es vital desde los gobiernos locales vigilar la observancia de los derechos de las mujeres indígenas en cuanto son garantes culturales privilegiadas en el mantenimiento de la biodiversidad.